Nueva Constitución Española

El proyecto dedicado a la elaboración de un nuevo texto constitucional para el próximo proceso constituyente se ha trasladado a https://github.com/rmatelec/Proyecto-Nueva-Constitucion-Espanola-S.XXI.

PREÁMBULO - Nación, Soberanía y Estado

Los hombres y mujeres de España,

en nuestro deseo de promover la realización de los más altos ideales humanos; y de contribuir a la erradicación definitiva de la miseria, la violencia y de toda forma de opresión,
reconociéndonos mutuamente como integrantes de una comunidad politico-cultural nacional configurada a lo largo de la historia, con características e intereses compartidos;
provistos de la capacidad de decidir, sin injerencias ajenas a nosotros mismos, cómo gobernarnos y el tipo de sociedad en la que queremos vivir;
sabedores de que los ciudadanos pueden verse enfrentados a las decisiones del Estado y de sus gobernantes;

nos hemos dotado del marco institucional recogido en esta Constitución para garantizar la libertad colectiva a través del establecimiento de un Estado democrático ejemplar, fundado sobre la separación entre Nación y Estado, y la prudente desconfianza hacia el Gobierno y hacia cualquier otra forma de poder o dominación.

Conscientes de que sólo un poder está en disposición de frenar los abusos de otro, y del peligro de que el Estado utilice las facultades que en él delegamos mediante esta Constitución contra quienes debe servir, organizamos el poder al servicio de la libertad creando instituciones capaces de salvaguardar nuestra libertad y seguridad, pese a la debilidad de la naturaleza humana.

Diseñamos un Estado fuerte -capaz de cumplir los fines que justifican su existencia- pero plenamente sometido a la voluntad colectiva de la ciudadanía, expresada a través de un sistema político democrático, basado en la participación en igualdad de condiciones. Un Estado que ajuste su actuación a las preferencias de la mayoría, pero respetando siempre la libertad y derechos de los individuos y las minorías. Divido en segmentos independientes y enfrentados, separados en origen y situados en un equilibrio de fuerzas estable para que ninguno de ellos pueda dominar a los demás, ni ser dominado por ellos. Así es como nuestros antecesores nos enseñaron que debe organizarse un Estado.

Como tristemente descubrimos, tales controles institucionales nunca serán garantía suficiente para preservar la libertad cuando toda persona es susceptible de ser corrompida, cuando toda organización puede acabar siendo subvertida para su instrumentalización con fines espurios. La complacencia de las generaciones que nos precedieron propició el saqueo del país con la ayuda del Estado, y un retroceso sin precedentes en nuestras libertades y bienestar.

Esta debacle nos hizo redescubrir importantes verdades políticas que nunca debieron de ser olvidadas: que los derechos sólo existen mientras se ejercen y defienden activamente, que es más fácil conservar lo que se tiene que recuperar lo perdido, que en toda decisión política hay beneficiados y perjudicados, que quienes no participan en la toma de decisiones suelen ser los sacrificados en la solución dada al conflicto de intereses, que quienes más tienen que ganar són los que primero tratarán de convencernos para que apoyemos sus intereses en perjuicio de los nuestros, que los enemigos de nuestra libertad no descansan nunca, y que tanto la indiferencia como la impunidad fomentan la injusticia y el crimen. Por fortuna aprendimos y reaccionamos.

Los derechos e instituciones que hoy plasmamos en esta Constitución son fruto de las luchas de ayer, pero nunca podrán darse por garantizados. Las Constituciones son tan fuertes como las personas dispuestas a hacerlas cumplir, y -como nos muestra la historia- éstas no siempre se encuentran al servicio del Estado. Es por esto que dotamos a los ciudadanos de los mecanismos necesarios para que mantengan al Estado sometido a su voluntad colectiva y al escrutinio público desde fuera del Estado, de modo que sea la Nación la que lo gobierne, y no al revés.

Para pervivir y florecer, toda democracia necesita una sociedad civil activa, informada, vigilante, crítica y responsable. Una sociedad capaz de discernir entre moral y derecho; libre de manipulaciones y de militancia ciega; en la que se pueda discrepar civilizadamente, reconocer el mérito de los demás, aceptar la crítica hacia lo propio y en la que pensar de forma diferente no sea un agravio para nadie. Una sociedad compuesta de personas autónomas y autosuficientes, que sepan que el Estado vive de ellos y existe para servirles, que promuevan activamente sus intereses en el proceso político y estén en disposición de realizar los sacrificios que son necesarios para preservar el modo de vida que deseamos y hemos elegido.

La vitalidad de la Democracia que hoy alumbramos depende de que los españoles compratan los ideales que la inspiran y asuman como propia la tarea de hacerla respetar; de que cada día hagamos que el Estado acate los límites que le hemos impuesto y luchemos por los derechos de mañana: los conservar los que ya tenemos y por conquistar los que vendrán. El único escudo contra la tiranía es nuestra determinación de mantenernos libres, defender nuestros verdaderos intereses, hacernos oír y vivir sin miedo.

Por ello, os encomendamos la misión de proteger esta Constitución, perfeccionarla, y transmitir este legado de libertad y democracia a las generaciones venideras. Si prevalecéis, pasareis a formar parte de una de las páginas más brillantes de la historia de España, y habréis contribuido al bienestar, la prosperidad, y la emancipación de todos los pueblos de la Tierra.

No nos pareció sensato confiar nuestra libertad a la bondad, rectitud y honradez de funcionarios y gobernantes, por eso promulgamos esta CONSTITUCIÓN.

Metodología de trabajo

Repositorio en GitHub: https://github.com/rmatelec/Proyecto-Nueva-Constitucion-Espanola-S.XXI

Bibliografía Recomendada

Índice sistemático de La Constitución española: Texto actual de la Constitución (comentado en las sinopsis).

Preambulo

Propuesta Redacción en vigor

Preámbulo

« Sin Modificaciones »

Preámbulo

La Nación Española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

  • Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las Leyes conforme a un orden económico y social justo.
  • Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la Ley como expresión de la voluntad popular.
  • Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.
  • Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.
  • Establecer una sociedad democrática avanzada, y
  • Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente CONSTITUCIÓN

Título Preliminar

En el título preliminar se esbozan, a grandes rasgos, las características más relevantes del Estado Español. Se excluyen del mismo los actuales artículos 6 (partidos políticos), 7 (sindicatos) y 8 (ejercito) para trasladarse a otros lugares más apropiados.

P.01 - Estado de Derecho y soberanía

Propuesta Redacción en vigor

Art. P.01 - Estado de Derecho y soberanía

  1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad, el pluralismo político y el respeto a los derechos humanos.
  2. La soberanía nacional reside en el conjunto de los españoles, de quienes emanan los poderes del Estado. Es inalienable e imprescriptible, y se ejerce de forma directa y/o delegada según lo dispuesto en la Constitución y las leyes.
  3. Es nulo cualquier acto que vulnere, menoscabe o sea contrario a lo establecido en la Constitución. Las personas que lo instiguen, propicien, encubran o participen en su ejecución incurren en responsabilidad penal, civil y/o administrativa según los casos. Cuando no fuere posible otro recurso, los españoles tienen el derecho y el deber de resistir contra este tipo de actos por todos los medios posibles.

Artículo 1

  1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
  2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
  3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Artículo 9

  1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
  2. [...]

P.02 - Objetivos fundamentales del Estado

Propuesta Redacción en vigor

Art. P.02 - Objetivos fundamentales del Estado

El Estado español se constituye como medio al servicio de los fines de quienes habitan su territorio. Para ello, le corresponde garantizar:

  1. El cumplimiento y protección de esta Constitución; así como la consecución y realización de los principios y valores consagrados en ella, el respeto a la dignidad humana y de los derechos y deberes denominados fundamentales.
  2. Las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo, y de los grupos en que se integra, sean reales y efectivas; de modo que puedan ejercer con plenitud sus derechos individuales y colectivos, y disfrutar de unas condiciones de vida y oportunidades suficientes para alcanzar su pleno desarrollo.
  3. La posibilidad de que todos los ciudadanos participen de forma efectiva, en condiciones de igualdad y mediante procedimientos inclusivos que fomenten la concurrencia, en la vida política, económica, cultural y social; en la toma de decisiones que les afecten, y en la administración del país según los principios democráticos.
  4. La conservación y promoción del patrimonio histórico, natural, cultural, económico y humano de la nación; así como su aprovechamiento responsable y sostenible.
  5. La convivencia pacífica, la unidad nacional y la independencia del Estado respecto de poderes distintos al pueblo español.
  6. El desarrollo armonioso de la nación sobre el principio de solidaridad: promoviendo el progreso de cada territorio según sus características y preferencias, y posibilitando el ejercicio del derecho a la autonomía, que esta Constitución reconoce y garantiza.

Artículo 9

  1. [...]
  2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
  3. [...]

Artículo 10

  1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
  2. [...]

Artículo 2

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

P.03 - Articulación política del Estado

Propuesta Redacción en vigor

Art. P.03 - Articulación política del Estado y división de poderes

  1. La forma política del Estado español es la República parlamentaria.
  2. Los poderes del Estado se organizarán en órganos especiales normativos, de gobierno y judiciales con personalidad jurídica propia:
    1. El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria.
    2. A las Cortes Generales y Asambleas Legislativas les corresponde la potestad de elaborar las normas centrales del ordenamiento jurídico, ejercer el control político sobre sus respectivos Gobiernos, fijar el régimen de ingresos y gastos del Estado en su ámbito de actuación, y las demás competencias que les atribuya la Constitución.
    3. El Poder Judicial ejerce la potestad jurisdiccional en defensa de los derechos de las personas, de los mandatos contenidos en normas jurídicas y del orden constitucional; pacificando los conflictos jurídicos que se le planteen de forma definitiva e irrevocable. Dispondrá, para ello, del recurso de la fuerza si fuera necesaria para lograr que las decisiones judiciales se cumplan.
  3. La ley garantizará la independencia de cada uno de los poderes del Estado respecto de los demás, su control recíproco y su sometimiento al escrutinio público y a la voluntad de los ciudadanos.

Artículo 1

[...]

  1. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Artículo 9

  1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico

Artículo 97

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

Artículo 66

  1. [...]
  2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.
  3. [...]

Artículo 117

  1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

P.04 - Nacionalidad y asilo

Propuesta Redacción en vigor

Art. P.04 - Nacionalidad y asilo

  1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley; sin que quepan distinciones por la forma en que se adquirió.
  2. En cualquier caso, son españoles de origen los nacidos de padre o madre españoles y los nacidos en territorio español cuya filiación no resulte determinada, o a los que no se les pueda atribuir en el momento de su nacimiento otra nacionalidad.
  3. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad, ni la perderá al optar o adquirir otra. Sólo podrán ser privados de la nacionalidad española mediante sentencia judicial firme aquellas personas naturalizadas por causas distintas a las del apartado anterior.
  4. Se puede renunciar a la nacionalidad española. Quien renuncie a ella podrá recuperarla previa solicitud, una vez verificado el cumplimiento de las condiciones que dan acceso a la misma.
  5. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con aquellos países que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España.
  6. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.

Artículo 11

  1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.
  2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
  3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.

Artículo 13

  1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley.
  2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.
  3. ...
  4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.

P.05 - Territorio nacional

Propuesta Redacción en vigor

Art. P.05 - Territorio nacional

  1. España abarca el territorio históricamente delimitado en el continente europeo y africano, los archipiélagos de Baleares y Canarias, y las ciudades de Ceuta y Melilla.
  2. La capital del Estado queda establecida en el municipio de Madrid. Su emplazamiento podrá cambiarse mediante ley ordinaria.
  3. El Estado no podrá enajenar parte alguna del territorio español o de los derechos de soberanía que ejerza sobre aquel, sin perjuicio de las rectificaciones de fronteras.
  4. El suelo, subsuelo, el espacio aéreo y marítimo; así como los recursos naturales y las formas de vida no humanas que los habitan son bienes sometidos al dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles.

Artículo 5

La capital del Estado es la villa de Madrid.

« No se ha identificado equivalente para el resto de disposiciones (si existieren, aportar en comentarios) »

P.06 - Símbolos nacionales y lenguas oficiales

Propuesta Redacción en vigor

Art. P.06 - Símbolos y lenguas oficiales

  1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja; siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.
  2. La lengua oficial del Estado es el castellano. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. A nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua diferente al castellano.
  3. Las demás lenguas autóctonas del territorio nacional constituyen un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección, pudiendo las Comunidades Autónomas establecer dichas lenguas como cooficiales cuando así lo estipulen en sus respectivos Estatutos de Autonomía.
  4. Cada Comunidad Autónoma podrá reconocer en su Estatuto de Autonomía banderas y enseñas propias, que utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.

Artículo 3

  1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
  2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
  3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Artículo 4

  1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.
  2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.

P.07 - Fuentes del ordenamiento jurídico

Propuesta Redacción en vigor

Art. P.07 - Fuentes del ordenamiento jurídico

  1. La Constitución es la norma suprema del Estado. Todas las personas y los poderes públicos están obligados a su cumplimiento, y sujetas al ordenamiento jurídico de la que es fundamento.
  2. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la Ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
  3. La costumbre sólo regirá en defecto de Ley aplicable, siempre que su existencia resulte probada y su contenido no resulte contrario al sentir social mayoritario -si lo hubiere- ni al orden público.
  4. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de Ley y costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.
  5. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado.
  6. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

Artículo 1 Código civil

  1. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la Ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
  2. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior.
  3. La costumbre sólo regirá en defecto de Ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre.
  4. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de Ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.
  5. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado.
  6. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la Ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
  7. Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido.

Artículo 10

[...]

  1. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

P.08 - Garantías constitucionales de la seguridad jurídica

Propuesta Redacción en vigor

Art. P.08 - Garantías constitucionales de la seguridad jurídica

  1. La seguridad jurídica constituye un valor constitucionalmente protegido por el cual la interpretación y aplicación del Derecho por parte de los Poderes del Estado debe ser previsible y coherente, de modo que exista un elevado grado de certidumbre respecto a las consecuencias jurídicas de cada acto.
  2. La actuación de los poderes del Estado se regirá por los siguientes principios:
    1. Principio de legalidad: Todo ejercicio del poder público está sometido a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, siendo sus normas el fundamento y límite de dicho ejercicio.
    2. Principio de interdicción de la arbitrariedad: En el desempeño de sus funciones, los poderes del Estado sólo podrán actuar en beneficio del interés público y adoptarán criterios homogéneos para decidir sobre situaciones esencialmente idénticas; fundamentando sus decisiones de forma suficiente y razonable siempre que sea necesario.
    3. Principio de responsabilidad: Los poderes del Estado responderán por el incumplimiento de sus obligaciones y por los daños causados en el ejercicio de su actuación, con los límites que marque la ley.
  3. El ordenamiento jurídico se organiza según los siguientes principios:
    1. Principio de competencia: Carecerán de validez las disposiciones que no hubieran sido dictadas por el órgano que posea la competencia para ello.
    2. Principio de jerarquía normativa: Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior o entren en contradicción insalvable con otra posterior de igual rango o superior. Aquellas que se aprueben podrán derogar otras anteriores de igual o inferior rango, sin que por ello recobren la vigencia la disposiciones que estas últimas hubieren derogado.
    3. Principio de publicidad de las normas: Toda norma o acto de aplicación de la misma deberá ser dada a conocer antes de que pueda exigirse su cumplimiento, de modo que quienes se vean obligados por ella tengan oportunidad efectiva de conocer su contenido. La ley establecerá los medios para ello y la antelación necesaria con la que deberán publicitarse antes de que sean efectivas.
    4. Principio de irretroactividad: Las normas sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos fundamentales o libertades públicas no tendrán efecto retroactivo ni serán de aplicación cuando el ordenamiento jurídico en vigor sea más favorable al infractor. El resto de disposiciones podrán tener efectos retroactivos sólo si así lo dispusieran expresamente.

Artículo 9

[...]

  1. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Artículo 1 Código civil

[...]

  1. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior..

P.09 - Criterios de interpretación de las normas

Propuesta Redacción en vigor

Art. P.09 - Criterios de interpretación de las normas

  1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas.

Artículo 3 Codigo Civil

  1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas.
  2. La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los Tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la Ley expresamente lo permita.

Título I. De los límites y obligaciones del Estado

1.01 - Ámbito y regulación de los derechos y libertades

Propuesta Redacción en vigor

Art. 1.01 - Ámbito y regulación de los derechos y libertades

  1. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución en cualquier parte del territorio español sin distinción alguna, salvo los extranjeros y extranjeras cuando les excluya el texto constitucional. En tales casos, gozarán de ellos en los términos que establezcan los tratados y la ley. Las personas jurídicas no disfrutarán en España de estos derechos, sin perjuicio de que la ley les puedan reconocer otros de idéntico contenido, pero distinta naturaleza.
  2. Los derechos reconocidos en el presente título son inviolables, universales, interdependientes e indivisibles; vinculan a todos los poderes públicos y son plenamente exigibles sin necesidad de atender a desarrollo legal alguno. La ordenación establecida en esta Constitución no determina jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros.
  3. Los derechos reconocidos en el presente título sólo podrán ser regulados mediante ley orgánica. La aprobación, modificación o derogación de estas leyes requerirá, para ser efectiva, de la ratificación en referendum vinculante con el voto favorable de más del 50% de la población de derecho.
  4. No podrá ser objeto de sanción alguna el ejercicio de un derecho reconocido en el presente título, siempre que se ejercite conforme a lo establecido en la Constitución y en la ley .

Artículo 13

  1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley.
  2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.
  3. ...

1.02 - Igualdad ante la ley

Propuesta Redacción en vigor

Art. 1.02 - Igualdad ante la ley

  1. Todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación o trato favorable por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Artículo 14

  1. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

1.03 - Derecho a la vida y a la integridad

Propuesta Redacción en vigor

Art. 1.03 - Derecho a la vida y a la integridad

  1. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos, degradantes o humillantes; ni a servidumbre o esclavitud.
  2. Queda abolida la pena de muerte y los trabajos forzados, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

Artículo 15

  1. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

Art. 1.04 - Derecho a la libertad personal

Propuesta Redacción en vigor

Art. 1.04 - Derecho a la libertad personal

  1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la Ley.
  2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
  3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la Ley establezca.
  4. La Ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por la Ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.
  5. La extradición solo se concederá en cumplimiento de un Tratado o de la Ley, atendiendo al principio de reciprocidad, siempre y cuando: 1) la persona objeto de la petición no sea ciudadano español; 2) los hechos que se le imputan constituyan un quebrantamiento de las leyes de ambos países y no exista desproporción entre las penas impuestas por cada legislación, ni se hubiera extinguido la responsabilidad criminal en alguna de ellas; 3) los tribunales españoles no tengan jurisdicción sobre el caso y existen indicios suficientes contra la persona; 4) se garantice un juicio justo y el retorno a España una vez finalizado el procedimiento judicial, y 5) no exista riesgo de condena a pena de muerte o cadena perpetua, de sufrir tortura o tratos degradantes o inhumanos, ni de ser extraditado a terceros países que no cumplan los criterios exigibles para la extradición, que podrán ser ampliados por la Ley. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo ni los crímenes contra la humanidad.

Artículo 17

  1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la Ley.
  2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
  3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la Ley establezca.
  4. La Ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por la Ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.

Artículo 13

  1. La extradición solo se concederá en cumplimiento de un Tratado o de la Ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.
  2. ...

Título II. Del Poder Legislativo y las Cámaras de Representación

Control al gobierno: Moción de censura constructiva
impeachment
Ratificación de ministros, control de ministros: cuestionamiento y dimisión

De los Tratados

Propuesta Redacción en vigor

artículo ?? - De los Tratados

1. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios, así como la denuncia de los mismos, requiere la previa autorización en los siguientes casos:

  1. Cuando en ellos se atribuya a una organización o institución ajena al Estado Español el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución, la autorización para su celebración o modificación deberá obtenerse mediante referéndum. Dicha autorización sólo se considerará otorgada si el texto del tratado es ratificado por más de la mitad de la población de derecho.
  2. Cuando revistan carácter político o militar, impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública, afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I, supongan modificación o derogación de alguna ley, o exijan medidas legislativas para su ejecución, la autorización para su celebración o modificación deberá obtenerse de las Cortes Generales. Dicha autorización sólo se considerará otorgada por mayoría absoluta en ambas cámaras.
  3. Cuando así lo soliciten 15 diputados, 15 senadores, o una Iniciativa Popular, la prestación del consentimiento deberá ser autorizada según lo previsto en el apartado 1.1 de este artículo. A tal fin, el Gobierno deberá informar a las Cortes Generales de su deseo de expresar dicho consentimiento, y publicar oficialmente en España el anuncio de sus intenciones junto con el texto de tratado o convenio que desea ratificar.

2. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. El Gobierno, cualquiera de las Cámaras de Representación, el Defensor del Pueblo o la ciudadanía, mediante Iniciativa Popular, pueden requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.

3. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.

4. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.

5. El Gobierno deberá informar inmediatamente de la conclusión de todo tratado o convenio al Congreso, al Senado y a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas que pudieran verse afectadas por el mismo.

Artículo 93

Mediante la ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.

Artículo 94

La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos:

a) Tratados de carácter político.

b) Tratados o convenios de carácter militar.

c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I.

d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.

e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución.

El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios.

Artículo 95

La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional.

El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.

Artículo 96

Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.

Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.

Título III. De la Jefatura del Estado

Título IV. Del Gobierno y de la Administración

Del control del poder legislativo:

Disolución cortes: si falla presupuesto
veto

Título V. Del poder judicial

Título VI. De la Participación Pública

Iniciativa popular; legislativa, de control, de constitucionalidad tratados
Acusación popular

Título VII. Economía y Hacienda

Título VIII. De la Organización Territorial del Estado

Título IX. Del Tribunal Constitucional

Título X. De la reforma constitucional

Disposiciones Adicionales

Disposiciones Transitorias

Disposición derogatoria

Disposición final