Materiales de la Campaña Electoral - Elecciones Generales 2008

Cuñas radiofónicas

Debajo están los ficheros de audio de las cuñas radiofónicas que se emitieron en Madrid en los espacios gratuitos de Onda Madrid (101.3) y Radio5 (90.3) para las formaciones sin representación parlamentaria.

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Mítines electorales

A continuación puedes encontrar la grabación y el texto del discurso de rux en el mitin de cierre de campaña que se realizó en el Colegio Público Fernando el Católico en Madrid el 06/03/2008.


Buenas tardes y bienvenidos a este mitin de Unión Ciudadana por la Democracia. Mi nombre es rux y, además de uno de los coordinadores del propio partido, soy candidato al senado por la circunscripción de Madrid. Al finalizar la exposición abriremos un turno para que quien lo desee formule preguntas y comentarios.

Según la Constitución española, la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del estado, (Art. 1.2) y tenemos el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes (Art.23.1)... Y a pesar de esto, la participación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos es prácticamente inexistente.

Después de casi 30 años de democracia la participación directa de los españoles se resume en 55 iniciativas legislativas populares, todas frenadas en el trámite parlamentario a pesar de haber reunido las firmas necesarias, y a la votación de 4 referendums, aunque no por iniciativa de los ciudadanos sino del gobierno (Reforma Política, Constitución, OTAN y UE).

También se nos consulta, cada 4 años, quién debe sentarse en el Congreso y en el Senado para gobernar en función de un programa electoral cerrado, que se apoya o rechaza en su conjunto, pero en el que es difícil introducir propuestas. En realidad, ni siquiera elegimos quien se sienta en los escaños que corresponden a cada partido, ya que las listas son cerradas y tanto la composición como el orden de las mismas lo deciden los propios partidos.

A esto ha quedado reducido el derecho de los ciudadanos a participar en la gestión del país. Esta es la única elección que hacen los ciudadanos, el resto son delegadas... y algunos lo llaman democracia. De alguna manera se ha convencido a la ciudadanía, fuente de la soberanía nacional y poder constituyente, de que depende de los poderes del Estado (y de quienes los acaparan) para gobernarse a sí misma, cuando debería ser al revés.

Dada la escasa capacidad de participación, no es de extrañar que la gente de la calle observe la política como algo que les es ajeno, como una actividad desprestigiada, que es así, y no se puede cambiar... el mal necesario.

Sin embargo, aunque los ciudadanos pasen de la política, la política no pasa de nosotros. Todos los días nuestros representantes toman decisiones de gobierno que nos afectan en mayor o menor medida. Administran la soberanía nacional en nuestro nombre sin que podamos decidir qué temas son los más importantes, ni quien gestionará la política del país. Tampoco podemos controlar adecuadamente dicha gestión, ni realizarla nosotros mismos.

Hasta tal punto se han recortado nuestras libertades políticas, que tuvimos que manifestarnos para que no se interviniera militarmente en Iraq, con la esperanza de que los gobernantes entraran en razón por miedo a perder las siguientes elecciones... ¿es esto democracia? ¿ciudadanos suplicando a sus gobernantes? ¿no debería ser justo al revés?

La Constitución de 1978, y el ordenamiento jurídico que la desarrolla, tiene muchas y muy importantes carencias. Carencias que no son inocentes ni fortuitas: se pusieron ahí para proteger a la nueva forma de gobierno de las inercias de la dictadura y de los propios ciudadanos, pero hoy en día suponen una traba para el desarrollo de lo que se supone que tenían que proteger.

Gracias a la Constitución de 1978 recuperamos muchos de nuestros derechos y libertades... pero pagamos un alto precio. En el camino sacrificamos nuestro derecho a configurar el ordenamiento político de la manera que mejor sirva a nuestros fines colectivos, derecho que es ejercido desde entonces por los partidos políticos en nuestro nombre.

Tres son las carencias que hacen que esto sea posible. En primer lugar, la imposibilidad de designar cargos públicos directamente. En segundo, la falta de mecanismos para que la ciudadanía pueda controlar efectivamente la labor de los cargos públicos que administran nuestra soberanía. Por último, la falta de mecanismos eficaces para ejercer la soberanía directamente.

Por lo recogido en los programas electorales de los partidos con representación parlamentaria, o que aspiran tenerla, parece que resolver estos asuntos no es una prioridad para la sociedad española. Salvo contadas excepciones, no se recogen en sus programas medidas destinadas a devolver el gobierno al pueblo, significado de la palabra Demo-Cracia.

A diferencia de estos partidos, el proyecto político de Unión Ciudadana por la Democracia se vertebra en torno al desarrollo de un Estado verdaderamente democrático, en el que los ciudadanos podamos ejercer directamente nuestra soberanía en cada decisión que nos afecte.

Consideramos que las posibilidades del sistema democrático no se agotan en nuestro actual modelo, y que este, y no otro, es el más importante y verdadero reto que debe abordar nuestro país. Nuestro programa de desarrollo democrático es muy sencillo, se resume en los siguientes puntos:

  1. Aumentar la separación de los poderes del estado, empezando por la designación directa de los cargos públicos mediante referéndum en el ámbito que corresponda (nacional, autonómico y local). Aunque puede parecer lo contrario por lo visto durante la campaña electoral, en realidad los ciudadanos NO elegimos al Presidente del Gobierno... lo elije el parlamento. Pero tampoco elegimos al defensor del pueblo, ni al gobernador del banco de España, ni a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, ni a los del tribunal constitucional. Estos son sólo algunos ejemplos de los cargos que proponemos que pasen a ser de designación directa, para que exista realmente independencia de unos respecto a otros, y recuerden siempre que deben trabajar por y para los ciudadanos.
  2. Crear los mecanismos necesarios para la revocación de los mandatos de cargos públicos (electos o no) mediante referéndum en el ámbito de decisión que corresponda. Si elegimos a nuestros representantes, que actúan en nuestro nombre, tenemos también el derecho a cesarlos de sus funciones utilizando el mismo procedimiento, sin esperar a una resolución judicial ni a la siguiente legislatura. De esta manera, se acabaría definitivamente con el transfugismo y, sobre todo, se incentivaría el desempeño eficaz de las labores que realizan para la ciudadanía.
  3. Ampliación de la Iniciativa Popular para poderla utilizar, sin limitaciones, tanto para proponer cambios legislativos (incluida la Constitución), como para tomar decisiones de gobierno. Esta ampliación establecerá la obligatoriedad de someter a referendum cada Iniciativa Popular una vez finalizado el trámite parlamentario, e independientemente de su resultado, pudiéndose votar la propuesta original, de la propuesta del parlamento o de ninguna de las dos.
  4. Redefinición en la Constitución de la figura del referéndum como vinculante para los poderes del Estado. Actualmente los referendums que se convocan a la hora de tomar dedecisiones políticas de especial relevancia tienen carácter consultivo, pese a tratarse de la expresión directa del poder constituyente, que somos los ciudadanos.

Estas cuatro medidas, junto a una reforma del sistema electoral que aumente la proporcionalidad entre votos y escaños, y neutralice el fenómeno del voto útil, devolverán la soberanía nacional a los ciudadanos. Podremos por fin decidir por nosotros mismos qué asuntos son importantes, sin necesidad de intermediarios ni estar sometidos a la agenda de los partidos políticos. Un avance hacia la democracia comparable al de la primera Transición, y que está pendiente de hacer.

[...]

Hasta aquí hemos hablado de las libertades políticas de los Españoles, pero también tenemos algo que decir sobre los Derechos Civiles de los ciudadanos, y sobre cómo el Estado los protege a través de lo que conocemos comúnmente como Estado del Bienestar.

Resulta que, en nuestra Constitución, el derecho a disfrutar una vivienda digna, la protección de la salud o la del medio ambiente NO son derechos de los Españoles. Si lo fueran, podríamos reclamar su cumplimiento en los tribunales. Sin embargo, los artículos que los regulan están incluidos dentro de los denominados PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA (Capitulo 3º), principios que no son vinculantes para los poderes públicos.

Dicho de otra forma, son meras declaraciones de intenciones, que dejan desprotegidos a los ciudadanos y hacen posible que se pueda urbanizar el litoral, que una casa cueste el sueldo íntegro de más de 10 años, sin contar intereses, o que se pueda estar más de un año en lista de espera para una operación.

Creemos que los poderes públicos no pueden limitarse a promover estos derechos, deben garantizarlos, y para asegurarnos que así sea nos proponemos elevar estos “principios rectores” a rango de “derechos de los ciudadanos”, de modo que quede constitucionalmente garantizado el Estado del Bienestar.

[...]

Un tercer punto de nuestro proyecto político se refiere a la manera en que los poderes públicos cumplen su mandato constitucional de fomentar el bienestar colectivo y proteger tanto el interés general como los bienes públicos.

Hay muchas maneras de hacer política social. La más sencilla, externalizando las tareas que son responsabilidad del ESTADO, ya sea dejando la gestión de servicios públicos en manos de empresas privadas, a las que luego se paga sus servicios, (como pasa con la educación y la sanidad), o bien dando a los ciudadanos ayudas económicas directas para que puedan acceder a estos servicios en el mercado.

Esta forma de hacer política social tiene pegas bastante importantes: La primera, que es más cara, porque, a parte del servicio, hay que pagar los beneficios que, legítimamente, desean conseguir las empresas que prestan estos servicios. La Segunda, que no garantiza el efectivo ejercicio de los derechos de los ciudadanos, ya que quedan supeditados a la VIABILIDAD económica de los mismos, y porque no podemos ejercer un control democrático sobre las empresas privadas.

La postura de Unión Ciudadana por la Democracia a este respecto es muy clara: Los poderes públicos no pueden delegar sus funciones en empresas privadas, y limitarse a pagar las facturas de la política social. Este modelo no beneficia a la sociedad, sólo a las empresas concesionarias.

Por eso proponemos, en primer lugar, aumentar la cantidad y calidad de los servicios públicos gestionados por el Estado, garantizando el acceso universal e igualitario a los mismos, su cobertura en todo el territorio , la calidad del servicio y la eficiencia en su funcionamiento. Defendemos un modelo de gestión pública directa, en el que participen activamente los usuarios y los profesionales que prestan estos servicios.

No es aceptable que haya enfermos en los pasillos de los hospitales, ni expedientes en los pasillos de los juzgados. Creemos que ningún gobierno responsable puede escatimar en la mejora de los servicios que presta a los ciudadanos, especialmente cuando presume de tener superhabit. A la vista de las propuestas de reducciones fiscales de los dos principales partidos políticos, deduzco que la persistencia de los problemas en los servicios públicos no se debe a una falta de dinero, sino a la falta de voluntad de quienes gobiernan, que deben pensar que el actual nivel de servicio es aceptable.

En segundo lugar, proponemos reducir al mínimo las subvenciones estatales al consumo, y sustituirlas por iniciativas públicas, preferentemente de gasto fijo, que ofrezcan los mismos beneficios a la par que liberan recursos económicos para incrementar la inversión social.

Creo, quizás me equivoque, que hasta el economista más liberal estaría de acuerdo en que le sacaríamos más provecho al cheque-bebé y a las ayudas para guarderías combinando el poder de compra de todos los ciudadanos para pagar, a precio de coste, una red estatal de guarderías (propiedad de los ciudadanos), en vez de darles ese dinero a los ciudadanos para busquen una por su cuenta.

No necesitamos ayudas para el alquiler, que sólo sirven para encarecer la renta y enriquecer con dinero público a los arrendadores. Ese dinero debería destinarse a la creación de una red pública de vivienda de protección oficial en régimen de alquiler.

Que duda cabe que a corto plazo se podrían beneficiar menos personas de esta manera, pero a medio y largo plazo se superarían con creces el número de los que se pueden beneficiar hoy con la ayuda directa, y la inversión necesaria para hacerlo sería una fracción de lo que se malgasta hoy en día con estas ayudas.

Si el Estado invirtiera el dinero que se gastan cada año las CC.AA en crear una serie de libros de textos de dominio público que cubrieran todas las asignaturas de la enseñanza obligatoria, se podría universalizar el acceso a libros de texto a un precio razonable para todos los hispanohablantes, ya que la educación es un derecho.

Estas tres medidas comparten tres aspectos fundamentales: Están dirigidas a mejorar el bienestar social sin poner ni un duro en las manos de los ciudadanos, evitan la progresiva descapitalización del Estado por frenar la constante y creciente transferencia de dinero público a manos privadas, y suponen un alivio de la presión sobre las arcas públicas, liberando recursos económicos con los que emprender otros proyectos de desarrollo social.

Estas tres medidas, que he utilizado como ejemplo, siguen abiertas a debate para, quien lo desee, aporte su visión antes de que tomemos una decisión al respecto. En nuestra página web, w3 ucid.es, tenemos un foro abierto al público en el que proponemos y debatimos públicamente soluciones a los problemas que nos afectan. Cualquiera con acceso a Internet puede participar.

Los únicos requisitos para hacerlo son que el debate se centre en articular medidas que favorezcan el desarrollo y progreso de la sociedad española, que las críticas sean constructivas y se respalden con propuestas alternativas, y que lo propuesto respete y desarrolle los principios recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, por supuesto, nuestros Estatutos.

[...]

Hasta aquí nuestro proyecto político, que espero que también hagáis vuestro debatiendo y proponiendo en el foro sobre los temas que os parezcan prioritarios. Antes de pasar al turno de preguntas, quisiera hacer una breve reseña sobre el propio partido.

Unión Ciudadana por la Democracia es un partido que se creó en diciembre de 2007. A pesar de nuestra juventud, tenemos la firme determinación de trabajar los años que sean necesarios para hacer nuestro proyecto realidad.

Sabemos que falta mucho por hacer, pero también sabemos que estas reformas que proponemos se acabarán materializando porque representan una avance fundamental en la construcción de un Estado verdaderamente Democrático, pero, sobre todo, porque este proyecto, hacer de España una verdadera democracia, nos pertenece a todos. No será la primera vez en que la sociedad humana convierte en realidad sus utopías, ni la última, porque cada paso que damos hace más fácil el siguiente.

El mero hecho de plantear estas ideas en una campaña electoral supone en sí mismo un triunfo, pero carece de sentido si la gente no participa y se involucra activamente, que es de lo que se trata en una democracia participativa y ejercida directamente por los ciudadanos.

Por eso aprovecho esta tribuna para animar a aquellas personas interesadas en este proyecto político a que nos ayuden a desarrollarlo. Hay muchas formas de ayudar: la principal, participando en el debate en el foro, y en la toma de decisiones de la Asamblea General.

También puedes ayudarnos dando a conocer este proyecto entre tu circulo de conocidos, donando algo de tu tiempo o dinero para las actividades que realizamos y, en cada proceso electoral, ofreciéndote para formar parte de las listas que presentemos y/o representando al partido ante la junta electoral de la circunscripción en la que vivas, para que nuestras papeletas estén en los colegios electorales el día de la votación. Unos meses antes de cada convocatoria electoral encontrarás información al respecto en nuestra página web.

Ya hemos pagado 30 años de peaje, es hora de empezar una segunda transición que convierta a España en un referente mundial para la democracia, como lo fue la ateniense en su época (-V). No estamos solos, ni locos. Con tu ayuda podemos. Esperamos que te unas a nuestro proyecto de desarrollo democrático y nos otorgues tu confianza, y tu voto, el próximo 9 de Marzo.

Muchas gracias a todos por venir.