Llamamiento a la Inconstitucionalización de la reforma del artículo 169.3 de la ley Electoral

Madrid, a 13 de febrero de 2011.

Unión Ciudadana por la Democracia (UCiD) hace un llamamiento a todos los afiliados, simpatizantes y votantes de partidos políticos sin representación parlamentaria para presentar queja ante la Defensora del Pueblo español solicitando que interponga recurso de inconstitucionalidad contra el apartado 51 del artículo único de la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

Dicha disposición establece que "los partidos políticos que no hubieran obtenido representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria de elecciones necesitarán la firma, al menos, del 0,1 % de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretendan su elección".

Consideramos, al igual que el promotor de esta iniciativa, que la medida aprobada vulnera el principio de pluralidad política, el derecho de sufragio pasivo, y la igualdad ante la ley, al imponer trabas a aquellas candidaturas con menos posibilidades tienen de superarlas. No es aceptable que sólo se obligue a los partidos más pequeños a buscar firmas entre una ciudadanía totalmente desencantada con la política y los políticos, que ya ha tirado la toalla.

Tampoco es aceptable hacer extensivo a todos los partidos semejante requisito ya que, en un Estado que propugna el pluralismo político como uno de los valores superiores de su ordenamiento jurídico (art. 1.1 CE), y que atribuye a los partidos -como instrumentos fundamentales para la participación política que son- la misión de expresar dicho pluralismo concurriendo a la formación y manifestación de la voluntad popular en las elecciones (art. 6 CE), no es aceptable el exigir justificar el ejercicio de un derecho del que no hemos sido privados mediante la realización de trámites previos.

Tenemos derecho a unas elecciones competitivas y plurales; en las que -quien quiera- pueda participar y proponer su proyecto con libertad. Corresponde a la ciudadanía decidir, con sus votos, la relevancia que merezca cada formación y proyecto político en función de si los temas que plantea son prioritarios, si sus propuestas son interesantes y, en general, en función de la capacidad percibida en cada opción para desarrollar un programa de gobierno que satisfaga a los electores. Independientemente de si dicha formación cuenta con “suficientes” apoyos previos, o suficientes medios económicos.

Menos alternativas supone menos democracia, menos competencia, y peor política. Basta requerir las firmas de un 0,1% de los electores para reducir drásticamente el número de candidaturas que se presentarán, y para restringir de nuevo nuestra libertad de elegir. Por eso, animamos a la ciudadanía a hacer llegar su queja cuanto antes a la Defensora del Pueblo español, solicitando que interponga recurso de inconstitucionalidad. Quien lo desee puede utilizar el documento propuesto al efecto, o elaborar el suyo propio.

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