UCiD recurre la no proclamación de sus candidaturas a las generales del 20N

Madrid, 26 de octubre de 2011

Mañana se presentará ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Madrid el recurso contra la no proclamación de las candidaturas de Unión Ciudadana por la Democracia por no haber reunido los avales que, desde enero de este mismo año, son necesarios para poder presentarse a las elecciones generales (art. 169.3 LOREG).

En dicho recurso no solo se denuncia la improvisación y falta de criterio de la Administración Electoral a la hora de regular y cumplir su propia normativa respecto a la recogida de avales -que la Junta Electoral Central publicó apenas una semana antes de que se convocaran las elecciones- sino también la arbitrariedad con la que se ha impedido aportar nuevos avales por declararse "defecto no subsanable" la insuficiencia de éstos, contraviniendo el apartado 6.5 de la instrucción 7/2011, sus propias instrucciones previas y los plazos de subsanación establecidos por el artículo 47.2 LOREG; así como otras irregularidades, como la no estimación del recurso contra la decisión de la Junta Electoral Provincial de Madrid interpuesto por esta formación política al amparo del artículo 21 LOREG. Todas ellas, prácticas "no admisibles desde la perspectiva de la seriedad del procedimiento electoral", que no sólo han dificultado el cumplimiento de los requisitos legales para concurrir a las elecciones sino que ejemplifican la ligereza con la que la Administración Electoral vela por los derechos fundamentales y el rigor del procedimiento sobre el que se sustenta y legitima nuestro sistema parlamentario.

Dicho recurso constituye el paso previo obligado antes de acudir durante los próximos días en amparo al Tribunal Constitucional para dilucidar si la citada exigencia de requerir a los partidos extraparlamentarios el aval, en forma de firma, del 0,1% de los votantes censados en cada circunscripción es compatible con los derechos fundamentales de acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, y de elegir libremente a nuestros representantes sin que un órgano administrativo filtre previamente las opciones entre las que podemos decantarnos, como reconoce el Artículo 3 del Protocolo Adicional del Convenio Europeo de Derechos Humanos al exigir que se "den las condiciones que garanticen la libre expresión del pueblo en la elección del cuerpo legislativo".

Desgraciadamente, la problemática de los avales va más allá de la vulneración de derechos fundamentales y afecta de lleno a la esencia de la propia Constitución, ya que vulnera:

  1. Un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, como es el pluralismo político (Art. 1.1 CE), al excluir a opciones minoritarias de las urnas;
  2. La expresión de este pluralismo político a través de los partidos políticos, que concurren a las elecciones como instrumento fundamental para la participación política y manifestación de la voluntad popular (Art. 6 CE); y
  3. El mandato constitucional a los poderes públicos de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política (Art. 9.2 CE).

Ya en febrero esta formación política colaboró en la iniciativa de su Coordinador General de trasladar a la defensora del pueblo el más que dudoso encaje constitucional del requerimiento de avales a los partidos extraparlamentarios, para que ésta planteara la cuestión ante el Tribunal Constitucional con tiempo suficiente para subsanar cualquier potencial vulneración de derechos fundamentales antes de la siguiente convocatoria electoral.

La negativa de la defensora, al no apreciar tales circunstancias, nos sitúa ahora en la disyuntiva de que, si el Tribunal Constitucional apreciara que los avales son inconstitucionales, muchas de las 1.186 candidaturas no proclamadas por la falta de los mismos quedarían fuera del proceso electoral al no poder ser proclamadas "de oficio".

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Unión Ciudadana por la Democracia (UCiD) es un partido político de ámbito estatal fundado en 2007 con el objetivo de lograr la participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos y en la toma de decisiones de Gobierno, y servir como vehículo para la expresión de la voluntad política de la misma cuando la participación directa no sea posible. Nuestro programa político gira en torno a tres ejes centrales: la defensa y promoción del Estado del Bienestar, la Democracia y los Derechos Humanos, tal y como se recoge en el artículo 2 de nuestros Estatutos.

Ya contamos con tres concejales en municipios pequeños y ahora nos proponemos obtener nuestro primer escaño en el Congreso de los Diputados, que podrán ocupar todos los integrantes de la candidatura de Madrid (única con opciones de ser proclamada) por orden de lista, según nuestro sistema de #listasrotativas. Entre nuestros compromisos electorales destacan:

  1. La exigencia de que se repitan las elecciones generales por haberse excluido candidaturas en virtud del art. 169.3 LOREG, si se declarase inconstitucional.
  2. La renucia a cualquier subvención que pudiera correspondernos para sufragar gastos electorales en virtud del art. 175 LOREG
  3. La inclusión en nuestro programa político de todas aquellas propuestas suficientemente desarrolladas, y coherentes con nuestros principios fundacionales, que nos envíen los ciudadanos durante la campaña electoral.
  4. La formación de una Asamblea Ciudadana -el parlamento fuera del parlamento- compuesta por quienes han avalado las candidaturas de UCiD, sus candidatos y quienes hagan aportaciones relevantes al programa político que presentemos. Dicha Asamblea tendrá entre sus competencias dirigir y controlar la acción política de los diputados/as de UCiD.

Nuestra financiación procede íntegramente de cuotas -cuyo importe determina cada afiliado según sus posibilidades-, donaciones y de los rendimientos de nuestras actividades, prohibiendo nuestro régimen económico cualquier forma de préstamo para garantizar la independencia económica del partido. La actividad de sus órganos es pública y transparente, estándo disponibles online las actas de sus reuniones, los estados financieros, los extractos bancarios y hasta el último justificante de gasto). Las personas que tienen asignados cargos dentro del partido lo hacen de forma voluntaria, sin percibir remuneración por ello.

El partido está organizado en una estructura plana, funciona en base a principios democráticos en régimen de democracia directa con delegación de voto opcional, y es representado por un Equipo Coordinador, compuesto por hasta tres afiliados/as elegidos por la Asamblea General, cuyo mandato es revocable. Todos los/as afiliados/as pueden realizar propuestas y decidir sobre los asuntos que se traten mediante Voto Personal Transferible.